Ley de fomento industrial: qué cambia para las pymes cordobesas

El nuevo régimen de fomento industrial llegó con una promesa concreta para la industria manufacturera del interior: deducciones ampliadas, amortizaciones aceleradas y estabilidad fiscal por diez años. Para las pymes cordobesas, sin embargo, la letra chica pesa tanto como el titular. Los umbrales de inversión y empleo no son decorativos, y la articulación con los regímenes provinciales vigentes exige leer dos cuerpos normativos en paralelo antes de presentar cualquier carpeta.

La autoridad de aplicación define tres categorías de proyecto según el monto comprometido y la cantidad de puestos de trabajo registrados. Quien quede fuera del primer tramo pierde el acceso a la amortización acelerada, aunque conserve las deducciones generales. Ese detalle suele pasar desapercibido en las primeras reuniones con el contador, y reaparece recién cuando el expediente ya está armado.

La documentación requerida no es excepcional, pero sí específica: memoria técnica del proyecto, plan de inversión con cronograma, constancia de radicación en parque industrial o zona habilitada, y un estado contable auditado del último ejercicio. En Córdoba, además, la Secretaría de Industria provincial pide un informe de impacto sobre proveedores locales que no figura en el texto nacional.

Uno de los puntos que más consultas genera es la incompatibilidad con otros beneficios. El régimen no admite superposición con promociones sectoriales previas, y en varios casos obliga a elegir entre el esquema nacional y el provincial. La decisión no es automática: depende del tipo de actividad, del horizonte de la inversión y de si la empresa ya está dentro de algún programa de parque industrial.

Los plazos de presentación se organizan en ventanas trimestrales. La primera cierra a fines de junio y concentra la mayor demanda, lo que suele demorar la evaluación. Para proyectos que recién comienzan la ingeniería de detalle, la recomendación práctica es apuntar a la segunda ventana y usar ese tiempo para ordenar la documentación contable, que es donde aparecen la mayoría de los rechazos.